Una denuncia desde el frente: cómo el gobierno de la izquierda chilena ha sacrificado la seguridad de sus ciudadanos en el exterior en favor de una agenda ideológica radical.
Quienes vivimos en Israel y conservamos con orgullo nuestra nacionalidad chilena, hemos experimentado en estos últimos años una sensación de desamparo institucional sin precedentes. Bajo la administración del presidente Gabriel Boric, el Estado de Chile parece haber decretado que, para sus intereses, simplemente «no existimos». A finales de 2025, tras los traumas acumulados desde el ataque masivo de Hamas en 2023, la desconexión entre La Moneda y sus nacionales en la región es total y deliberada.
El sesgo ideológico sobre el deber de protección
Desde que asumió el poder, el gobierno de Gabriel Boric ha alineado la política exterior chilena con una visión de izquierda radical que, bajo el eufemismo de «solidaridad con el pueblo palestino», termina por validar narrativas de grupos extremistas.
Es doloroso constatar que, en los momentos de mayor angustia frente al terrorismo, el presidente Boric y sus ministros no solo omitieron gestos de preocupación por los miles de compatriotas bajo fuego, sino que adoptaron una postura de hostilidad abierta hacia el país que nos protege. Al llamar a consultas al embajador de forma reiterada y promover sanciones o exclusiones comerciales, La Moneda no está castigando solo a un gobierno extranjero; está desprotegiendo a los más de 10,000 chilenos que vivimos, trabajamos y formamos familias aquí.
La Moneda como caja de resonancia de la desinformación
Bajo el actual gobierno, se ha permitido que la inquina ideológica permee las instituciones. Es alarmante observar cómo la política exterior de una nación de casi 20 millones de habitantes parece dictada por la influencia de sectores radicales y personeros de la comunidad árabe local que ocupan cargos clave.
Esta administración ha permitido —y en ocasiones alentado— que la opinión pública chilena sea alimentada con una narrativa de victimización palestina que ignora sistemáticamente el derecho de Israel a existir. El resultado ha sido la importación de un conflicto ajeno que ha enrarecido la convivencia en Chile:
- Hostilidad en las calles: El ondear de banderas de organizaciones terroristas en Santiago ante la pasividad oficial.
- Discriminación: Actos de hostigamiento contra la comunidad judía chilena, ignorando que el deber del Estado es garantizar la paz social.
- Prioridades distorsionadas: El ofrecimiento de ayuda económica a zonas controladas por el extremismo, mientras compatriotas afectados por catástrofes en Valparaíso o el norte de Chile aún claman por soluciones habitacionales.
El riesgo de la desconexión total
Mientras Gabriel Boric gesticula en foros internacionales buscando el aplauso de ciertos bloques ideológicos, los chilenos en Israel nos sentimos rehenes de una política mezquina. El gobierno parece olvidar que Israel es una democracia que acoge a miles de chilenos que —judíos o no— apostamos por la paz y la coexistencia de dos Estados.
Advertimos desde aquí un peligro inminente: la administración Boric está incubando un odio en Chile que será difícil de erradicar. Estar atrapado en una agenda dictada por una minoría de presión es una irresponsabilidad que compromete la seguridad jurídica y los tratados históricos que han unido a ambos pueblos.
Conclusión: Nosotros también somos Chile
Presidente Boric, cuando su gobierno quiera hablar de «derechos humanos», debería empezar por respetar el derecho fundamental de sus ciudadanos en el extranjero a ser reconocidos y protegidos por su propia patria. Nos indigna ser omitidos por una administración que prefiere la consigna ideológica a la realidad de sus nacionales.
Existimos, resistimos al terrorismo y no olvidamos nuestras raíces. Chile no es propiedad de un gobierno de turno ni de una ideología; es la casa común de todos los chilenos, incluidos aquellos que el actual presidente prefiere ignorar porque nuestra existencia incomoda su relato político
